Construirán viviendas confinados de Guayama
Darisabel Texidor Guadalupe / Primera Hora
miércoles, 15 de abril de 2009 - Un grupo de siete confinados de la Institución de Mínima Seguridad de Guayama tendrán la oportunidad de reconstruir una vivienda como parte de un acuerdo firmado entre el Departamento de Corrección y Rehabilitación y el municipio.
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Los confinados construirán la vivienda de Carlina Rodríguez, quien por falta de dinero no había podido costear la mano de obra para su hogar.El secretario de Corrección Carlos Molina destacó su compromiso de proveer las herramientas para que los reclusos puedan rehabilitarse y aporten de manera productiva a la sociedad.
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“Es importante que otros alcaldes nos apoyen en esta gestión”, dijo el Secretario, quien sostuvo que los confinados recibirán un incentivo por el trabajo que realicen.
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La alcaldesa de Guayama Glorimarie Jaime se mostró satisfecha con el acuerdo firmado y mencionó que confía en la rehabilitación de la población correccional. “Queremos darle la oportunidad de trabajo a los confinados y nos enorgullece que sea Guayama la ciudad pionera”, dijo la alcaldesa.
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http://www.primerahora.com/diario/noticia/otras/noticias/construiran_viviendas_confinados_de_guayama/290740
domingo, 19 de abril de 2009
Construirán viviendas confinados de Guayama
NOTA DEL PORTVOZ: Aunque son buenas noticias la construcción de casas por confinados, denunciamos que el Secretario de Corrección, Carlos Molina, le sigua el juego a sus subalternos y continua implantando la política que imperó en las cárceles bajo el pasado Secretario Miguel Pereira. Ahora anuncia que van a construir casas con confinados de seguridad. ¿Quiénes son? Los violadores, chotas, ex policías, políticos, los sicarios o asesinos por contrato y otros que no pueden vivir en ninguna otra población penal. La basura que nadie quiere ni de vecinos... se supone que iban a contar con toda la población de confinados que está en custodia mínima (ñetas, 25, 27, 31), pero eso no está ocurriendo.
Cambios en servicios de salud a confinados
Cambios en servicios de salud a confinados
Francisco Rodríguez-Burns y Darisabel Texidor Guadalupe
Primera Hora
miércoles, 15 de abril de 2009 - La empresa privada que le provee los servicios de salud a la población correccional recortó temporeramente la jornada de trabajo de sus 1,200 empleados a raíz de una solicitud del Gobierno que le exige a la compañía un ahorro de $4 millones de su presupuesto de $84 millones para el año fiscal 2008-2009, el cual vence el próximo 30 de junio.
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La mayoría de los empleados no se reportaron a trabajar hoy y tampoco acudirán a su empleo durante los 10 miércoles subsiguientes, periodo que se extiende hasta el próximo 24 de junio, ante la exigencia de la administración de Luis Fortuño, que solicita un recorte de 10 por ciento en el gasto de las agencias, entre otras corporaciones cuya principal fuente de ingresos proviene del erario público.
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La empresa descontará los días del plan de ahorro del balance de vacaciones de los trabajadores, pero todos aquellos que hayan agotado sus días de fiesta podrán reportarse a trabajar como de costumbre.“Vamos a estar garantizando los servicios de salud a la población correccional”, sostuvo el principal oficial ejecutivo de Correctional Health Services Corporation (CHSC), Manuel A. Quilichini.
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Por su parte, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Carlos Molina expresó que Puerto Rico atraviesa por un momento de crisis y justificó la acción al sostener que todas las agencias tienen el deber de reducir las operaciones para cumplir con la petición del gobernador Luis Fortuño de economizar los $3 mil millones que el gobierno necesita para subsistir.
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Indicó, además, que la mayoría de los empleados tienen más de 178 días acumulados de vacaciones“Aquí ningún empleado se verá afectado, continuarán trabajando con el mismo salario”, dijo el Secretario. “En tiempos malos, todos tenemos que ajustarnos el cinturón y ponernos a ayudar”, añadió.
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El Secretario hizo un llamado a los empleados públicos para que ayuden al gobierno durante la crisis y confíen en que la situación mejorará.CHSC atiende la salud física y mental de los confinados a raíz del caso de derechos civiles Morales Feliciano, entablado en el Tribunal Federal en el 1979 por las condiciones infrahumanas que imperaban en las instituciones penitenciarias del país.
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La corporación de CHSC se creó en 1997, pero no fue hasta el 2005 que entró en funciones, atendiendo la población correccional adulta y la “joven adulta”, la cual comprende de menores de 16 a 18 años de edad que enfrentan sentencias de adultos.
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El juez federal Juan Pérez Giménez, quien preside el caso, no objetó la reducción de la jornada durante una vista celebrada el martes de la semana pasada, aunque el sindicato que cobija a los empleados consideró que la medida ponía en jaque los servicios médicos de la población correccional.
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“Con esta decisión se está poniendo en juego la salubridad de una población penal que requiere una alta asistencia médica por haber un gran número de ellos con alto riesgo de enfermedades infecciosas y otros que padecen de enfermedades para las cuales se necesita un cuidado médico continuo”, sostuvo el presidente de la Unión General de Trabajadores, Juan Eliza, mediante un comunicado de prensa.
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La mayoría de los empleados afectados por la medida son enfermeros, asistentes de farmacia, técnicos dentales, empleados de mantenimiento, entre otro personal administrativo. La empresa también les redujo un 20 por ciento de la jornada a sus 140 médicos, entre otro personal subcontratado que atiende la salud mental de los reos.
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Cabe destacar, sin embargo, que todas las salas de emergencia, ubicadas en los 10 complejos correccionales del país, permanecerán abiertas durante los días que forman parte del plan de ahorro.
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Las unidades de ingreso ambulatorio de los confinados tampoco se verán afectadas. Con la reducción de jornada la empresa proyecta ahorrar cerca de $1 millón y planifica economizar los otros $3 millones restantes mediante el reemplazo de medicamentos de marca por bioequivalentes o genéricos, la reducción de las horas trabajadas por el personal subcontratado, entre otras medidas para maximizar los recursos de la empresa.
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Los confinados, sin embargo, no podrán visitar sus especialistas los miércoles y tampoco contarán con el servicio médico ambulatorio que también se destina para ese día de la semana. La UGT calificó la reducción como un “atropello de graves consecuencias”, aunque la gerencia de la empresa asegura que el empleo de los trabajadores se está garantizando con la medida.“Por dos meses y medio estuvimos buscando una alternativa, pero ésta es la única que garantiza los servicios médicos de los confinados”, sostuvo Quilichini.
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http://www.primerahora.com/diario/noticia/otras/noticias/cambios_en_servicios_de_salud_a_confinados/290761
Francisco Rodríguez-Burns y Darisabel Texidor Guadalupe
Primera Hora
miércoles, 15 de abril de 2009 - La empresa privada que le provee los servicios de salud a la población correccional recortó temporeramente la jornada de trabajo de sus 1,200 empleados a raíz de una solicitud del Gobierno que le exige a la compañía un ahorro de $4 millones de su presupuesto de $84 millones para el año fiscal 2008-2009, el cual vence el próximo 30 de junio.
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La mayoría de los empleados no se reportaron a trabajar hoy y tampoco acudirán a su empleo durante los 10 miércoles subsiguientes, periodo que se extiende hasta el próximo 24 de junio, ante la exigencia de la administración de Luis Fortuño, que solicita un recorte de 10 por ciento en el gasto de las agencias, entre otras corporaciones cuya principal fuente de ingresos proviene del erario público.
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La empresa descontará los días del plan de ahorro del balance de vacaciones de los trabajadores, pero todos aquellos que hayan agotado sus días de fiesta podrán reportarse a trabajar como de costumbre.“Vamos a estar garantizando los servicios de salud a la población correccional”, sostuvo el principal oficial ejecutivo de Correctional Health Services Corporation (CHSC), Manuel A. Quilichini.
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Por su parte, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Carlos Molina expresó que Puerto Rico atraviesa por un momento de crisis y justificó la acción al sostener que todas las agencias tienen el deber de reducir las operaciones para cumplir con la petición del gobernador Luis Fortuño de economizar los $3 mil millones que el gobierno necesita para subsistir.
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Indicó, además, que la mayoría de los empleados tienen más de 178 días acumulados de vacaciones“Aquí ningún empleado se verá afectado, continuarán trabajando con el mismo salario”, dijo el Secretario. “En tiempos malos, todos tenemos que ajustarnos el cinturón y ponernos a ayudar”, añadió.
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El Secretario hizo un llamado a los empleados públicos para que ayuden al gobierno durante la crisis y confíen en que la situación mejorará.CHSC atiende la salud física y mental de los confinados a raíz del caso de derechos civiles Morales Feliciano, entablado en el Tribunal Federal en el 1979 por las condiciones infrahumanas que imperaban en las instituciones penitenciarias del país.
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La corporación de CHSC se creó en 1997, pero no fue hasta el 2005 que entró en funciones, atendiendo la población correccional adulta y la “joven adulta”, la cual comprende de menores de 16 a 18 años de edad que enfrentan sentencias de adultos.
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El juez federal Juan Pérez Giménez, quien preside el caso, no objetó la reducción de la jornada durante una vista celebrada el martes de la semana pasada, aunque el sindicato que cobija a los empleados consideró que la medida ponía en jaque los servicios médicos de la población correccional.
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“Con esta decisión se está poniendo en juego la salubridad de una población penal que requiere una alta asistencia médica por haber un gran número de ellos con alto riesgo de enfermedades infecciosas y otros que padecen de enfermedades para las cuales se necesita un cuidado médico continuo”, sostuvo el presidente de la Unión General de Trabajadores, Juan Eliza, mediante un comunicado de prensa.
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La mayoría de los empleados afectados por la medida son enfermeros, asistentes de farmacia, técnicos dentales, empleados de mantenimiento, entre otro personal administrativo. La empresa también les redujo un 20 por ciento de la jornada a sus 140 médicos, entre otro personal subcontratado que atiende la salud mental de los reos.
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Cabe destacar, sin embargo, que todas las salas de emergencia, ubicadas en los 10 complejos correccionales del país, permanecerán abiertas durante los días que forman parte del plan de ahorro.
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Las unidades de ingreso ambulatorio de los confinados tampoco se verán afectadas. Con la reducción de jornada la empresa proyecta ahorrar cerca de $1 millón y planifica economizar los otros $3 millones restantes mediante el reemplazo de medicamentos de marca por bioequivalentes o genéricos, la reducción de las horas trabajadas por el personal subcontratado, entre otras medidas para maximizar los recursos de la empresa.
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Los confinados, sin embargo, no podrán visitar sus especialistas los miércoles y tampoco contarán con el servicio médico ambulatorio que también se destina para ese día de la semana. La UGT calificó la reducción como un “atropello de graves consecuencias”, aunque la gerencia de la empresa asegura que el empleo de los trabajadores se está garantizando con la medida.“Por dos meses y medio estuvimos buscando una alternativa, pero ésta es la única que garantiza los servicios médicos de los confinados”, sostuvo Quilichini.
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http://www.primerahora.com/diario/noticia/otras/noticias/cambios_en_servicios_de_salud_a_confinados/290761
Urgen intervención del Tribunal Federal, Legislatura y Contralor de Puerto Rico
EMPLEADOS Y CONFINADOS DE LAS INSTITUCIONES PENALES URGEN INTERVENCION DE LA OFICINA DEL CONTRALOR ANTE RIESGO DE QUE SE AFECTEN AÚN MAS LOS SERVICIOS DE SALUD
Domingo, 19 de abril 2009 - Empleados regulares adscritos a las organizaciones laborales Unión General de Trabajadores (UGT), Unión Central Auténtica de Trabajadores (CAT) y la Unidad Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud (ULEES), así como empleados por contrato profesional afiliados a otras organizaciones bonafides (médicos, dentistas, trabajadores de salud mental) y las principales cuatro organizaciones que agrupan a los confinados del país radicarán una Moción Urgente ante el Tribunal Federal para intervenir con la corporación privada Correccional Health Services Corporation (CHSC) por los malos manejos de fondos públicos asignados para la prestación de servicios de salud.
“Lamentamos que el Partido Nuevo Progresista (PNP) haya caído en la trampa del Lcdo. Manuel Quilinchini, principal ejecutivo de la CHSC, militante del Partido Popular Democrático y fiel seguidor de las estrategias anti-confinado impuestas por el pasado Secretario de Corrección, Miguel Pereira. Este señor Quilinchini, sin tener la autoridad en ley para comparecer a una reunión donde solo podían acudir funcionarios gubernamentales, voluntariamente ofreció a los Asesores de La Fortaleza reducir los servicios médicos a los confinados para contribuir a la reconstrucción fiscal y hacer cómplice al Gobierno actual de la negligencia e incumplimiento del acuerdo firmado entre el DCR y la CHSC, como estipula el Medical Health Care Plan y/o el Comprenhensive Management Agreement for the Provision of Health Care Services to The Correccional Population Under The Custody of The Administration of Correction.
Este acuerdo estipula, entre otras cosas, la cantidad de médicos, enfermeras, personal de salud mental que debe proveer servicios de acuerdo a la cantidad de la población penal, lo cual no se esta cumpliendo y beneficia directamente las arcas de la CHSC, que tiene en mente utilizar los fondos provenientes de las multas para construir un Centro Medico Correccional cuando apenas tenemos Salas de Emergencias debidamente equipadas en las prisiones.
Entendemos que el juez Juan Pérez Giménez, del Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico, tiene la facultad para intervenir de inmediato ante las continuas violaciones a las estipulaciones de la demanda federal Morales Feliciano.
En total, la CHSC recibe $18 millones de dólares anuales provenientes de las multas del caso federal Morales Feliciano, que irónicamente se aplican al Estado cuando cometen violación a los derechos de los confinados. Además, reciben $82 millones de dólares anuales de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para cubrir los gastos salariales de los empleados de salud; los servicios de tratamiento (cáncer, dormitorios médicos, bupernofrina, metadona, etc.), proveedores de salud (oftalmólogos, fisiatras, cirujanos, etc.) y los suplidores de medicamentos y equipos médicos.
Quilinchini y su equipo de trabajo creen que los empleados de Salud Correccional y los confinados no se han dado cuenta de su estrategia, ya que a medida que siga incumpliendo con las estipulaciones del caso Morales Feliciano, el Departamento de Corrección y Rehabilitación continuara pagando multas federales, y ese dinero a su vez ira a engordar las arcas de la CHSC.
Los grupos sindicales, bonafides y las organizaciones de confinados exigieron una investigación urgente a las respectivas Comisiones de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico que atienden los temas de salud, bienestar social, seguridad y de gobierno. Específicamente, que el por que estos ejecutivos corporativos no se redujeron los salarios de lujos que alcanzan entre $150.000 a $250.000 anuales. Igualmente reclaman la intervención de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Denunciaron además que, contrario a la llamada “Reconstrucción de Economía Fiscal” ordenada por el gobernador Luis Fortuno, la cual requería un 10 porciento de descuento voluntario salarial a partir del 1 de julio en la Agencias que aplicara la Ley 7, la CHSC impuso entre un 20 a un 33 porciento de reducción de jornal a los empleados del Programa de Salud Correccional desde el pasado 15 de abril de 2009, afectando la prestación de servicios a la población penal.
Con este plan de la CHSC, a los confinados le fueron eliminados cuatro días al mes de servicios, tales como: “sick call” y todas las clínicas ambulatorias (medicina interna, dental, servicio psicoterapéutico y psiquiatría) y de paso, se incumplió con el compromiso del Programa de Gobierno 2009-2012 de proveerle una mejor calidad de vida.
En su moción, los empleados aseguraron que las Salas de Emergencia, que no son otra cosa que Dispensarios dentro de las cárceles que administra el Departamento de Corrección y Rehabilitación, no tienen la capacidad para atender las necesidades continuas urgentes de la población penal. Confirmaron que aun cuando los servicios se prestaban cinco días a la semana, lamentablemente han fallecido confinados por negligencia, falta de medicamentos o atención médica responsable debido a la falta de personal médico, transportación y oficiales de custodia que los escoltaran.
Desde el año 2005, la CHSC administra los servicios médicos en las cárceles por mandato del juez federal Juan Pérez Giménez y mantiene un contrato con el DCR, y de hecho, cabe destacar que el propio juez solicitó a Carlos Molina a su llegada como Secretario de Corrección que no le cancelara el contrato, a pesar de que incumplen a diario con los servicios que deberían prestarle a los pacientes confinados de condiciones de salud crónicas, tales como: VIH, con sus medicamentos retrovirales y Hepatitis C, los diabéticos, hipertensos, asmáticos y cardiacos. Peor aun, se han disparado las cifras por intentos de suicidio y automutilación debido a la reducción de medicamentos y los días de terapias requeridas para mantenerlos estabilizados.
Se reafirmaron en que los pacientes confinados apenas se pueden atender en los llamados “sick calls” debido a la escases de personal, y en la actualidad los médicos se han visto obligados a documentar en los expedientes “No se pueden atender por alto volumen” y esa es la realidad en todas las instituciones penales del país. El juez y la prensa deberán exigir al DCR acceso a esta evidencia.
CRISIS DE MEDICAMENTOS
La pésimos e inexistentes servicios de salud ha continuado empeorando haciendo hincapié en las necesidades de los confinados psiquiátricos, adictos y geriátricos en los penales, al punto de que las farmacias de esta corporación que operan dentro de los penales alegan que despachan los medicamentos recetados, pero estos no llegan a los pacientes que tanto los necesitan para aliviar sus males físicos y mentales.
Las farmacias corporativas NO anuncian los medicamentos que han eliminado, agotado o no tienen para evitar perder tiempo reemplazando recetas y poder atender con prontitud los problemas físicos, dentales y de salud mental, provocando retrasos innecesarios, adversos y/o perjudiciales para la salud de los confinados que redundan en convenientes ahorros para los que están lucrándose del mal manejo de fondos o lo que muchos aseguran es corrupción de cuello blanco.
Contactos:
Juan Eliza, Presidente de la UGT (787) 751-5350
Julio Pizarro, Presidente de la ULEES (787) 763-8310
Adalberto Vega, Presidente CAT (787) 824-4429
Lcdo. Damián F. Planas Merced, Presidente de la Comisión de
Domingo, 19 de abril 2009 - Empleados regulares adscritos a las organizaciones laborales Unión General de Trabajadores (UGT), Unión Central Auténtica de Trabajadores (CAT) y la Unidad Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud (ULEES), así como empleados por contrato profesional afiliados a otras organizaciones bonafides (médicos, dentistas, trabajadores de salud mental) y las principales cuatro organizaciones que agrupan a los confinados del país radicarán una Moción Urgente ante el Tribunal Federal para intervenir con la corporación privada Correccional Health Services Corporation (CHSC) por los malos manejos de fondos públicos asignados para la prestación de servicios de salud.
“Lamentamos que el Partido Nuevo Progresista (PNP) haya caído en la trampa del Lcdo. Manuel Quilinchini, principal ejecutivo de la CHSC, militante del Partido Popular Democrático y fiel seguidor de las estrategias anti-confinado impuestas por el pasado Secretario de Corrección, Miguel Pereira. Este señor Quilinchini, sin tener la autoridad en ley para comparecer a una reunión donde solo podían acudir funcionarios gubernamentales, voluntariamente ofreció a los Asesores de La Fortaleza reducir los servicios médicos a los confinados para contribuir a la reconstrucción fiscal y hacer cómplice al Gobierno actual de la negligencia e incumplimiento del acuerdo firmado entre el DCR y la CHSC, como estipula el Medical Health Care Plan y/o el Comprenhensive Management Agreement for the Provision of Health Care Services to The Correccional Population Under The Custody of The Administration of Correction.
Este acuerdo estipula, entre otras cosas, la cantidad de médicos, enfermeras, personal de salud mental que debe proveer servicios de acuerdo a la cantidad de la población penal, lo cual no se esta cumpliendo y beneficia directamente las arcas de la CHSC, que tiene en mente utilizar los fondos provenientes de las multas para construir un Centro Medico Correccional cuando apenas tenemos Salas de Emergencias debidamente equipadas en las prisiones.
Entendemos que el juez Juan Pérez Giménez, del Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico, tiene la facultad para intervenir de inmediato ante las continuas violaciones a las estipulaciones de la demanda federal Morales Feliciano.
En total, la CHSC recibe $18 millones de dólares anuales provenientes de las multas del caso federal Morales Feliciano, que irónicamente se aplican al Estado cuando cometen violación a los derechos de los confinados. Además, reciben $82 millones de dólares anuales de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para cubrir los gastos salariales de los empleados de salud; los servicios de tratamiento (cáncer, dormitorios médicos, bupernofrina, metadona, etc.), proveedores de salud (oftalmólogos, fisiatras, cirujanos, etc.) y los suplidores de medicamentos y equipos médicos.
Quilinchini y su equipo de trabajo creen que los empleados de Salud Correccional y los confinados no se han dado cuenta de su estrategia, ya que a medida que siga incumpliendo con las estipulaciones del caso Morales Feliciano, el Departamento de Corrección y Rehabilitación continuara pagando multas federales, y ese dinero a su vez ira a engordar las arcas de la CHSC.
Los grupos sindicales, bonafides y las organizaciones de confinados exigieron una investigación urgente a las respectivas Comisiones de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico que atienden los temas de salud, bienestar social, seguridad y de gobierno. Específicamente, que el por que estos ejecutivos corporativos no se redujeron los salarios de lujos que alcanzan entre $150.000 a $250.000 anuales. Igualmente reclaman la intervención de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Denunciaron además que, contrario a la llamada “Reconstrucción de Economía Fiscal” ordenada por el gobernador Luis Fortuno, la cual requería un 10 porciento de descuento voluntario salarial a partir del 1 de julio en la Agencias que aplicara la Ley 7, la CHSC impuso entre un 20 a un 33 porciento de reducción de jornal a los empleados del Programa de Salud Correccional desde el pasado 15 de abril de 2009, afectando la prestación de servicios a la población penal.
Con este plan de la CHSC, a los confinados le fueron eliminados cuatro días al mes de servicios, tales como: “sick call” y todas las clínicas ambulatorias (medicina interna, dental, servicio psicoterapéutico y psiquiatría) y de paso, se incumplió con el compromiso del Programa de Gobierno 2009-2012 de proveerle una mejor calidad de vida.
En su moción, los empleados aseguraron que las Salas de Emergencia, que no son otra cosa que Dispensarios dentro de las cárceles que administra el Departamento de Corrección y Rehabilitación, no tienen la capacidad para atender las necesidades continuas urgentes de la población penal. Confirmaron que aun cuando los servicios se prestaban cinco días a la semana, lamentablemente han fallecido confinados por negligencia, falta de medicamentos o atención médica responsable debido a la falta de personal médico, transportación y oficiales de custodia que los escoltaran.
Desde el año 2005, la CHSC administra los servicios médicos en las cárceles por mandato del juez federal Juan Pérez Giménez y mantiene un contrato con el DCR, y de hecho, cabe destacar que el propio juez solicitó a Carlos Molina a su llegada como Secretario de Corrección que no le cancelara el contrato, a pesar de que incumplen a diario con los servicios que deberían prestarle a los pacientes confinados de condiciones de salud crónicas, tales como: VIH, con sus medicamentos retrovirales y Hepatitis C, los diabéticos, hipertensos, asmáticos y cardiacos. Peor aun, se han disparado las cifras por intentos de suicidio y automutilación debido a la reducción de medicamentos y los días de terapias requeridas para mantenerlos estabilizados.
Se reafirmaron en que los pacientes confinados apenas se pueden atender en los llamados “sick calls” debido a la escases de personal, y en la actualidad los médicos se han visto obligados a documentar en los expedientes “No se pueden atender por alto volumen” y esa es la realidad en todas las instituciones penales del país. El juez y la prensa deberán exigir al DCR acceso a esta evidencia.
CRISIS DE MEDICAMENTOS
La pésimos e inexistentes servicios de salud ha continuado empeorando haciendo hincapié en las necesidades de los confinados psiquiátricos, adictos y geriátricos en los penales, al punto de que las farmacias de esta corporación que operan dentro de los penales alegan que despachan los medicamentos recetados, pero estos no llegan a los pacientes que tanto los necesitan para aliviar sus males físicos y mentales.
Las farmacias corporativas NO anuncian los medicamentos que han eliminado, agotado o no tienen para evitar perder tiempo reemplazando recetas y poder atender con prontitud los problemas físicos, dentales y de salud mental, provocando retrasos innecesarios, adversos y/o perjudiciales para la salud de los confinados que redundan en convenientes ahorros para los que están lucrándose del mal manejo de fondos o lo que muchos aseguran es corrupción de cuello blanco.
Contactos:
Juan Eliza, Presidente de la UGT (787) 751-5350
Julio Pizarro, Presidente de la ULEES (787) 763-8310
Adalberto Vega, Presidente CAT (787) 824-4429
Lcdo. Damián F. Planas Merced, Presidente de la Comisión de
Asuntos de Confinados en el Colegio de Abogados de Puerto Rico (787) 604-5830
lunes, 13 de abril de 2009
CAOS A LA VISTA EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS CÁRCELES DEL PAÍS
CAOS A LA VISTA EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS CÁRCELES DEL PAÍSLa Asociación Pro Derechos y Rehabilitación del Confinado (Ñeta) se unió a la petición de 73 profesionales de la salud que laboran en el Complejo Correccional de Guayama, quienes enviaron una carta a la Corporación de Acción Civil y Educación para solicitar su intervención inmediata con el fin de paralizar la reducción de horas de servicio y garantizar la prestación de los servicios de salud a la población penal.
En la misiva fechada el 7 de abril del año 2009 dirigida al Lcdo. Carlos García Gutiérrez, CEO de la Corporación y el Lcdo. Luis G. Ramos Luiña, EO de la entidad, los profesionales de la salud advirtieron que la reducción de horas en la jornada laboral que se ha estado considerando por el Gobierno de Puerto Rico como parte del Plan de Reconstrucción Económica Fiscal “no aplica” al Programa de Salud Correccional por tres razones fundamentales: brindan servicios esenciales, atienden una agencia de seguridad pública que es el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la compañía privatizada Correctional Health Services Corporation (CHSC) está bajo sindicatura federal por el pleito Morales Feliciano.
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Los médicos, dentistas, psicólogos, trabajadores sociales, técnicos psicosociales, enfermeros, asistentes dentales, educadores en salud, personal de récord médico y empleados de mantenimiento expresaron su preocupación por cualquier cambio que afecte la prestación de servicios de salud que se les ofrece a la población penal y criticaron que la CHSC esté considerando reducir un 30 porciento de empleados regulares y contratistas que brindan los servicios de salud en las instituciones penales, mientras el Lcdo. Manuel Quilinchini, presidente de CHSC, gana $23,000.00 mensuales en plena crisis fiscal. Los empleados también poseen evidencia de uso de tarjetas corporativas para costear gastos alegres y viajes para seminarios y reuniones que no han aportado nada al mejoramiento de los servicios de salud en las cárceles.
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Sobre la reducción de horas de la jornada laboral de los distintos profesionales que componen el Programa de Salud Correccional, los funcionarios insistieron en su misiva que “la limitación y disminución de la prestación de los servicios de salud afecta directamente el bienestar, salud física, mental y dental de los confinados del país.
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De igual forma afecta enormemente los cuidados, seguimientos de salud, medicamentos y planes de tratamiento según los protocolos establecidos para los confinados con diagnósticos como: VIH, Hepatitis C Viral, las distintas situaciones crónicas y psiquiátricas que están presentes entre los miembros de la población penal”.
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Enfatizaron en que los servicios de salud ofrecidos en las instituciones penales “son indispensables” y el cumplimiento de los mismos está estipulado en el “Medical Care And Mental Health Plan”, donde se establecen las pautas mínimas para proveer un servicio de salud adecuado para cumplir con la demanda federal Morales Feliciano y evitar incurrir en violaciones a las estipulaciones por incumplimiento con los servicios de salud”.
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REACCIONAN LOS PORTAVOCES DEL CAPÍTULO ÑETA ANEXO 296
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Los confinados se mostraron alarmados ante la confirmación por parte del Superintendente del Anexo 296 de máxima seguridad, Luis A. Ocasio Montañez, de que los servicios de “sick call”, de salud mental y dental serán reducidos a cuatro días por semana en las prisiones.
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Por eso, los portavoces del Capítulo Anexo 296 de la Asociación Ñeta, Ángel García Torres y Ángel Joel Quiñones Clemente reclamaron hoy la intervención del Tribunal Federal alegando que “ahora el preso que amanezca enfermo ese día tendría que ir por emergencia, pero para que te atiendan habría que hacer un escándalo nacional. Aquí se han muerto presos por falta de atención médica.
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Específicamente, dos en el Edificio 2 y uno en el Edificio 4 murieron porque transcurrieron horas sin recibir atención médica debido a que los Sargentos y Tenientes no atienden las emergencias como es debido”.Denunciaron además las pésimas condiciones de la estructura física donde brindan los servicios de salud.
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“Son espacios reducidos, con falta de aire acondicionado, no hay servicio sanitario para los confinados y tampoco fuentes de agua. Nos mantienen esposados y trancados en una celda que muy bien podríamos llamarle jaula con cabida para 10 confinados sentados uno frente a otro, y donde si pasara una emergencia, los oficiales de custodia pensarían primero en su seguridad y no en los confinados ‘enjaulados’ bajo esas condiciones”.
sábado, 11 de abril de 2009
Los reos elevan sus oraciones
Los confinados tuvieron la oportunidad de escuchar mensajes de superación ayer en la iglesia Fuente de Agua Viva. Al lado, los fieles abarrotaron la Parroquia San Blas, en Coamo.Los reos elevan sus oraciones
Asisten a Fuente de Agua Viva
Asisten a Fuente de Agua Viva
Por Isbel Alvarado Ferrer / isbel.alvarado@elnuevodia.com
Más de 700 confinados que han exhibido buen comportamiento en las cárceles del País tuvieron ayer la oportunidad de celebrar el Viernes Santo en la Iglesia Fuente de Agua Viva, de Carolina.
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El ex recluso Ángel Marcano, de 39 años, aprovechó la ocasión para llevar un mensaje de fe a sus compañeros, en el que aseguró que la religión ha sido la base para mantenerse en pie y para lograr su excarcelación, luego de ser condenado a cadena perpetua. El hombre mantiene la esperanza de que la conversión ayude a sus compañeros a obtener la libertad.
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Como parte de la actividad, el pastor de la iglesia Otoniel Font, junto a un pastor ecuatoriano y otros ex confinados y líderes de la Iglesia, llevaron mensajes motivadores a los reclusos, quienes se mostraron receptivos.
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La actividad estuvo dirigida a los reos de mínima seguridad, aunque fue notable la presencia de guardias penales tanto fuera como dentro del recinto.
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“El grupo pudo haber sido más amplio”, aseguró el secretario del DCR, Carlos M. Molina, refiriéndose a que un grupo de presos no pudo participar del encuentro debido a un incidente de mala conducta. “Queremos que se lo ganen porque esto es parte de la rehabilitación”, señaló el Secretario.
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“El grupo pudo haber sido más amplio”, aseguró el secretario del DCR, Carlos M. Molina, refiriéndose a que un grupo de presos no pudo participar del encuentro debido a un incidente de mala conducta. “Queremos que se lo ganen porque esto es parte de la rehabilitación”, señaló el Secretario.
sábado, 4 de abril de 2009
Instan a jóvenes a valorar la vida
Instan a jóvenes a valorar la vida
El programa procura mostrar las consecuencias de malos pasos
Por Marga Parés Arroyo / mpares@elnuevodia.com
Carlos Báez Figueroa, un sujeto de cabeza rapada y ojos azulados, lleva 13 de sus 39 años confinado tras las rejas de una prisión. Le restan 86 años para completar una condena de 99 años por asesinato en primer grado.
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El buen comportamiento que ha exhibido en la cárcel, junto al deseo de rehabilitarse, lo han llevado a ser trasladado de una penitenciaría de máxima seguridad a una de mínima protección. Sin embargo, el padre de tres hijos no ha dejado de lamentarse por haber perdido su libertad “de por vida” tras ceder a presiones de grupo que lo llevaron a delinquir.
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“Valoricen la vida, sobre todo su libertad”, le dijo ayer el reo a un grupo de estudiantes, en su mayoría de cuarto año de escuela superior, durante la primera charla de un programa que pretende fomentar estrategias de prevención entre los escolares del País.
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“Valora tu vida” es, precisamente, el nombre de esta iniciativa que arrancó ayer en la escuela Facundo Bueso, en Santurce.
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En un recuento de cómo acabó en la cárcel, Báez Figueroa les narró a los estudiantes reunidos en la biblioteca de la escuela cómo abandonó sus estudios cuando cursaba el décimo grado y se “dedicó” al robo de vehículos.
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Cuando unas “amistades” lo convidaron a unírseles en un asalto a mano armada, Báez Figueroa accedió, con la mala fortuna para él de que -según su versión- durante el atraco se le zafó un tiro que cobró la vida de una persona.
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Años más tarde, el testimonio de una de sus “amistades” lo hundió y el entonces joven fue arrestado y convicto por el crimen.
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Ayer, Báez Figueroa afirmó que ha logrado encaminar su vida hacia la rehabilitación, completando sus estudios de cuarto año de escuela superior y tomando varios cursos vocacionales como hojalatería y ebanistería, además de cursos de teatro y artesanía.
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Sin embargo, le recalcó al grupo de pupilos que escuchó su valiente testimonio que estar encerrado por errores que lo llevaron a delinquir no es un buen negocio.
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Esfuerzo interagencial
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Según explicó el secretario de Justicia, Antonio Sagardía, el programa “Valora tu vida” se logró tras un acuerdo entre seis agencias gubernamentales: los departamentos de Educación, Familia, Recreación y Deportes, Corrección y Rehabilitación y Justicia, junto a la Policía de Puerto Rico.
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El programa procura mostrar las consecuencias de malos pasos
Por Marga Parés Arroyo / mpares@elnuevodia.com
Carlos Báez Figueroa, un sujeto de cabeza rapada y ojos azulados, lleva 13 de sus 39 años confinado tras las rejas de una prisión. Le restan 86 años para completar una condena de 99 años por asesinato en primer grado.>
El buen comportamiento que ha exhibido en la cárcel, junto al deseo de rehabilitarse, lo han llevado a ser trasladado de una penitenciaría de máxima seguridad a una de mínima protección. Sin embargo, el padre de tres hijos no ha dejado de lamentarse por haber perdido su libertad “de por vida” tras ceder a presiones de grupo que lo llevaron a delinquir.
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“Valoricen la vida, sobre todo su libertad”, le dijo ayer el reo a un grupo de estudiantes, en su mayoría de cuarto año de escuela superior, durante la primera charla de un programa que pretende fomentar estrategias de prevención entre los escolares del País.
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“Valora tu vida” es, precisamente, el nombre de esta iniciativa que arrancó ayer en la escuela Facundo Bueso, en Santurce.
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En un recuento de cómo acabó en la cárcel, Báez Figueroa les narró a los estudiantes reunidos en la biblioteca de la escuela cómo abandonó sus estudios cuando cursaba el décimo grado y se “dedicó” al robo de vehículos.
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Cuando unas “amistades” lo convidaron a unírseles en un asalto a mano armada, Báez Figueroa accedió, con la mala fortuna para él de que -según su versión- durante el atraco se le zafó un tiro que cobró la vida de una persona.
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Años más tarde, el testimonio de una de sus “amistades” lo hundió y el entonces joven fue arrestado y convicto por el crimen.
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Ayer, Báez Figueroa afirmó que ha logrado encaminar su vida hacia la rehabilitación, completando sus estudios de cuarto año de escuela superior y tomando varios cursos vocacionales como hojalatería y ebanistería, además de cursos de teatro y artesanía.
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Sin embargo, le recalcó al grupo de pupilos que escuchó su valiente testimonio que estar encerrado por errores que lo llevaron a delinquir no es un buen negocio.
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Esfuerzo interagencial
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Según explicó el secretario de Justicia, Antonio Sagardía, el programa “Valora tu vida” se logró tras un acuerdo entre seis agencias gubernamentales: los departamentos de Educación, Familia, Recreación y Deportes, Corrección y Rehabilitación y Justicia, junto a la Policía de Puerto Rico.
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“Tenemos la obligación de poner nuestro granito de arena para salvar la juventud puertorriqueña”, dijo el titular, quien recalcó que “Valora tu vida” es un programa “bien abarcador” que cuenta con recursos de varias agencias en busca de minimizar los actos de violencia en el País, así como fomentar la prevención desde temprana edad.
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La charla de ayer contó también con la participación de la licenciada Noelis Reyes, procuradora de Asuntos de Menores, quien le explicó a los estudiantes el alcance de la Ley de Menores.
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La charla de ayer contó también con la participación de la licenciada Noelis Reyes, procuradora de Asuntos de Menores, quien le explicó a los estudiantes el alcance de la Ley de Menores.
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“Los menores no tienen derecho a fianza, ni a juicio por jurado”, le dijo la abogada a los estudiantes.
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Tras explicarles las consecuencias de ser encontrados incursos en alguna falta, Reyes los exhortó a no sufrir del “síndrome de res” o de -al igual que una manada de animales- seguir ciegamente la presión de grupo. También les aconsejó a no sufrir de lo que llamó “síndrome de Peter Pan”, lo que calificó como el querer ser adultos, pero seguir comportándose como niños.
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Las estudiantes Jennifer Alejo y Carmen Félix, de 17 y 18 años, respectivamente, afirmaron que se sentían fortalecidas para no ceder a las presiones de grupo. Mientras Alejo afirmó que su fortaleza parte de “seguir los caminos del Señor”, Félix confesó valorar demasiado su vida.
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“Simplemente, me quiero mucho”, dijo Félix, quien anhela iniciar estudios conducentes al grado de medicina.
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http://www.elnuevodia.com/instan_a_jovenes_a_valorar_la_vida__/551229.html
Tras explicarles las consecuencias de ser encontrados incursos en alguna falta, Reyes los exhortó a no sufrir del “síndrome de res” o de -al igual que una manada de animales- seguir ciegamente la presión de grupo. También les aconsejó a no sufrir de lo que llamó “síndrome de Peter Pan”, lo que calificó como el querer ser adultos, pero seguir comportándose como niños.
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Las estudiantes Jennifer Alejo y Carmen Félix, de 17 y 18 años, respectivamente, afirmaron que se sentían fortalecidas para no ceder a las presiones de grupo. Mientras Alejo afirmó que su fortaleza parte de “seguir los caminos del Señor”, Félix confesó valorar demasiado su vida.
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“Simplemente, me quiero mucho”, dijo Félix, quien anhela iniciar estudios conducentes al grado de medicina.
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http://www.elnuevodia.com/instan_a_jovenes_a_valorar_la_vida__/551229.html
domingo, 22 de marzo de 2009
Canteen sirve alimentos expirados a los confinados
Asociación Ñeta pide acción contra Canteen por servir alimentos expirados en las cárceles del país
Haciendo caso omiso a las órdenes que impartió el Secretario de Corrección y Rehabilitación, Carlos Molina Rodríguez, la compañía privatizada Canteen Correctional Corporation continua sirviendo alimentos con fecha expirada y confeccionando las comidas para los confinados con ingredientes con fechas vencidas.
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La Asociación Pro Derechos y Rehabilitación del Confinado (ÑETA) arremetió hoy contra la compañía Canteen Correctional Corporation -que inició operaciones el 1 de septiembre de 2005, y exigió acción inmediata al funcionario de Corrección responsable de supervisar y garantizar la calidad de los alimentos que consumimos los confinados.
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Ante el temor de ser demandado en su carácter personal por tener conocimiento y haber callado por temor a perder su trabajo, un empleado de Canteen solicitó a nuestros familiares que denunciaran la situación con el fin de provocar que se descontinúe esta practica ilícita en las cárceles del país y evitar poner en riesgo la salud de los confinados, quienes hace algún tiempo están padeciendo de “nacidos infecciosos” que le salen en diferentes partes del cuerpo.
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“Sabemos que esta denuncia me puede costar el trabajo”, dijo el empleado a nuestro familiar, “pero en el almacén de alimentos de la institución Ponce 1000 específicamente, les hemos estado sirviendo pan vencido desde hace varias semanas, a sabiendas de que varios compañeros lo hemos notificado a los supervisores, pero no han hecho nada. Por el contrario, nos obligan a despacharlos así”.
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El empleado de Canteen lamentó que “ahora mismo nos quedan 45 cajas de pan que venció el 12 de marzo de 2009 y otra paleta que vencerá los días 22 y 23 (hoy domingo y mañana lunes), y tenemos que servirla hasta que se termine”.
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Pero si esto le pareció vergonzoso, sepan que en el almacén de Ponce 1000 “hay comején que se le pasa al azúcar” y aunque los estándares de calidad y salubridad dictan que debería ser decomisada, el funcionario de Canteen afirmó: “lo que hacemos es romper los sacos y envasarla en drones”. Tristemente, ya esta azúcar fue consumida en su totalidad, sin embargo, todavía hay que vigilar bien de cerca la media paleta de pasta de tomate que vence el día 27 de este mes “porque de seguro la seguirán poniendo en el área de producción para que la sigamos usando, como es la costumbre”, advirtió el empleado de Canteen a nuestros familiares, quienes están considerando radicar un recurso legal a través de los representantes legales de la Asociación Ñeta.
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La pasta de tomate se recibió en el almacén de Ponce 1000 el mismo día que llegó a la institución Ponce 676 y Ponce Máxima, por lo que los hermanos confinados podrían enfrentar iguales riesgos de salud si consumen los alimentos confeccionados con ingredientes expirados.
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En la mayoría de las cárceles, la queja de los presos es que están sirviendo los postres pasados de fecha, y el arroz tiene olor y sabor a cucaracha porque indiscutiblemente tienen gorgojos.
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Por este medio, la Asociación ÑETA instó a los funcionarios de alto rango de Corrección a que realicen una inspección ocular en TODOS los almacenes de Canteen para que tomen represalias contra los supervisores que patrocinan dicha práctica para ahorrarle dinero a la compañía estadounidense.
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Entendemos que el hecho de que ese contrato no haya vencido nos les da derecho a ser canallas y que Corrección se haga de la vista larga y solo confíen en la palabra de los que dirigen Canteen, quienes en sus informes aseguran al DCR que brindan un servicio de calidad.
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Anteriormente, el Lcdo. Damián Planas Merced había denunciado que Canteen compró carnes expiradas o a punto de expirarse en septiembre de 2005, específicamente “PORK BUTTON BONES FRZ”, producto de Canadá, que fueron servidas el 14 de octubre del año 2006 en la cárcel Las Malvinas. Y hace varios meses, los confinados del Anexo 1072 denunciaron haber sido testigos de que cuando el arroz tenia gorgojos, el personal de Canteen lo metía en enormes calderos con agua y previo a cocinarlos les retiraban los pequeños animales flotando en el agua.
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Los confinados manifestaron su indignación porque las bandejas sin tapas en que sirven los alimentos en Ponce 1000 están llenas de hongo por la falta de higiene. Sobre esta denuncia, los funcionarios de Canteen confirmaron la versión de los presos asegurando que la maquina para lavar los utensilios a la temperatura adecuada esta dañada hace mas de un año.
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Confirmaron además que Canteen solo adquirió 100 bandejas nuevas, cuando allí residen 1000 confinados. Obviamente esto no resuelve el problema porque el resto de los confinados recibe sus alimentos en bandejas con mal olor.
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Peor aún, confirmó que “los canes donde sirven el café y los jugos están rotas y llenas de hongo, son un asco, cuando el contrato de Canteen les exige que deben cambiar estos equipos continuamente, y que muchas bandejas pesan casi cinco libras porque están llenas de agua por dentro… eso si que da pena”.
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