La tortura es un acto terrorista que ha sido condenado por las diferentes culturas y leyes de la humanidad. Sin embargo, en la institución Ponce Principal y Ponce 1000 del Complejo Correccional de Ponce, esta práctica es tan común como ir al baño. >
Bonifacio López Rivera, Líder Máximo de la Asociación Pro Derechos y Rehabilitación del Confinado (ÑETA), denunció que los confinados José Luis Cintrón Meléndez, Billy Delgado Ríos y Jean Paul Román González fueron las víctimas más recientes del abuso sistemático de los oficiales de custodia, bajo la autorización de los Superintendentes Nicanor Caro y Carlos González, que incluyen múltiples golpizas y la ingestión de medicamentos sin el aval de un profesional de la salud.
A eso de las 6:00 de la mañana, los tenientes Santiago y Maldonado, los oficiales Cabas, Tolinchi y Edwin Rosado, junto a otro grupo de guardias penales iniciaron un registro que conllevó arrestos a los tres supuestos confinados sospechosos de “tener cuerpos extraños en sus partes íntimas”, sometiéndolos a castigos físicos que parecen sacados del manual de procedimiento del Ejército Talibán para cuando capturan soldados americanos.
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Los confinados fueron llevados al área de Admisiones de Ponce Principal, donde les entregaron bolsas plásticas para que defecaran en presencia de los oficiales y de sus compañeros confinados. “Aquellos que se niegan a sufrir tal humillación, los guardias le propinan golpes en el estómago con los puños, con las botas y lo más que practican es propinarles golpes severos en la parte posterior de la cabeza para no dejar marcas y así obligarlos a defecar”, describió López Rivera.
En clara violación a los procedimientos administrativos conforme a derecho e igual protección de las leyes, el sargento Carlos García (placa 20462), de Fase I; y los tenientes Javier Rodríguez, también de Fase I y Doel Santiago, de Ponce Principal, les han negado el derecho ha radicar querellas en contra de los guardias agresores ante la Policía de Puerto Rico.
Aunque el Secretario de Corrección y Rehabilitación (DCR), Hon. Miguel Pereira, ordenó desde el año pasado cancelar la práctica de toma de radiografías como parte de las medidas de seguridad, las cuales se efectuaban bajo sospecha de que un confinado tuviese un cuerpo extraño oculto en su cuerpo, los oficiales de Ponce insisten en esa práctica y cuando el confinado se niega porque sabe que es un acto ilícito, “les arrodillan, esposados con las manos atrás y les obligan mediante amenaza de querellas mientras le propinan continuos golpes en la cabeza para subyugarlos, a veces hasta por un período de 12 horas”.
A pesar de que las Constituciones de los Estados Unidos y Puerto Rico prohiben los castigos corporales, y el Código Penal de Puerto Rico, en el Artículo 306, tipifica la tortura como un crimen de lesa humanidad, en la institución Ponce Principal, la única ley que respetan los oficiales y la Administración de la cárcel es la de hacer lo que les venga en gana.
En los casos más extremos, los reos denunciaron que los encierran en la celda conocida como “la paridora”, ubicada en Ponce 1000, sin agua, ni inodoro, bajo una luz intensa prendida 24 horas y con oficiales de custodia en la puerta mirando. “Si el compañero confinado lleva más de un día encerrado y solicita alimento, los oficiales de custodia les echan pulgante a la comida, al jugo y al postre, actuación que realizan sin previa autorización, ni supervisión médica, lo que ha provocado graves casos de deshidratación. Muchos han terminado hospitalizados por graves problemas de salud”, dijeron indignados.
Lo triste de esto es que en su mayoría, nunca les encuentran algún cuerpo extraño en su interior a los confinados por lo cual tuviesen que haber sido sometidos a tanta crueldad, pero para quedar bien ante el Secretario de Corrección, los guardias penales les fabrican querellas alegando que ocuparon teléfonos u otros objetos, cuando la realidad es que fueron encontrados en otro lugar.
¿Qué piensa usted del estilo de trabajo del Secretario Miguel Pereira? ¿Es rehabilitador, o está provocando un motín o una masacre para justificar la inversión de millones de dólares largos en la construcción de la Supermáxima?
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