EMPLEADOS Y CONFINADOS DE LAS INSTITUCIONES PENALES URGEN INTERVENCION DE LA OFICINA DEL CONTRALOR ANTE RIESGO DE QUE SE AFECTEN AÚN MAS LOS SERVICIOS DE SALUD
Domingo, 19 de abril 2009 - Empleados regulares adscritos a las organizaciones laborales Unión General de Trabajadores (UGT), Unión Central Auténtica de Trabajadores (CAT) y la Unidad Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud (ULEES), así como empleados por contrato profesional afiliados a otras organizaciones bonafides (médicos, dentistas, trabajadores de salud mental) y las principales cuatro organizaciones que agrupan a los confinados del país radicarán una Moción Urgente ante el Tribunal Federal para intervenir con la corporación privada Correccional Health Services Corporation (CHSC) por los malos manejos de fondos públicos asignados para la prestación de servicios de salud.
“Lamentamos que el Partido Nuevo Progresista (PNP) haya caído en la trampa del Lcdo. Manuel Quilinchini, principal ejecutivo de la CHSC, militante del Partido Popular Democrático y fiel seguidor de las estrategias anti-confinado impuestas por el pasado Secretario de Corrección, Miguel Pereira. Este señor Quilinchini, sin tener la autoridad en ley para comparecer a una reunión donde solo podían acudir funcionarios gubernamentales, voluntariamente ofreció a los Asesores de La Fortaleza reducir los servicios médicos a los confinados para contribuir a la reconstrucción fiscal y hacer cómplice al Gobierno actual de la negligencia e incumplimiento del acuerdo firmado entre el DCR y la CHSC, como estipula el Medical Health Care Plan y/o el Comprenhensive Management Agreement for the Provision of Health Care Services to The Correccional Population Under The Custody of The Administration of Correction.
Este acuerdo estipula, entre otras cosas, la cantidad de médicos, enfermeras, personal de salud mental que debe proveer servicios de acuerdo a la cantidad de la población penal, lo cual no se esta cumpliendo y beneficia directamente las arcas de la CHSC, que tiene en mente utilizar los fondos provenientes de las multas para construir un Centro Medico Correccional cuando apenas tenemos Salas de Emergencias debidamente equipadas en las prisiones.
Entendemos que el juez Juan Pérez Giménez, del Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico, tiene la facultad para intervenir de inmediato ante las continuas violaciones a las estipulaciones de la demanda federal Morales Feliciano.
En total, la CHSC recibe $18 millones de dólares anuales provenientes de las multas del caso federal Morales Feliciano, que irónicamente se aplican al Estado cuando cometen violación a los derechos de los confinados. Además, reciben $82 millones de dólares anuales de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para cubrir los gastos salariales de los empleados de salud; los servicios de tratamiento (cáncer, dormitorios médicos, bupernofrina, metadona, etc.), proveedores de salud (oftalmólogos, fisiatras, cirujanos, etc.) y los suplidores de medicamentos y equipos médicos.
Quilinchini y su equipo de trabajo creen que los empleados de Salud Correccional y los confinados no se han dado cuenta de su estrategia, ya que a medida que siga incumpliendo con las estipulaciones del caso Morales Feliciano, el Departamento de Corrección y Rehabilitación continuara pagando multas federales, y ese dinero a su vez ira a engordar las arcas de la CHSC.
Los grupos sindicales, bonafides y las organizaciones de confinados exigieron una investigación urgente a las respectivas Comisiones de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico que atienden los temas de salud, bienestar social, seguridad y de gobierno. Específicamente, que el por que estos ejecutivos corporativos no se redujeron los salarios de lujos que alcanzan entre $150.000 a $250.000 anuales. Igualmente reclaman la intervención de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Denunciaron además que, contrario a la llamada “Reconstrucción de Economía Fiscal” ordenada por el gobernador Luis Fortuno, la cual requería un 10 porciento de descuento voluntario salarial a partir del 1 de julio en la Agencias que aplicara la Ley 7, la CHSC impuso entre un 20 a un 33 porciento de reducción de jornal a los empleados del Programa de Salud Correccional desde el pasado 15 de abril de 2009, afectando la prestación de servicios a la población penal.
Con este plan de la CHSC, a los confinados le fueron eliminados cuatro días al mes de servicios, tales como: “sick call” y todas las clínicas ambulatorias (medicina interna, dental, servicio psicoterapéutico y psiquiatría) y de paso, se incumplió con el compromiso del Programa de Gobierno 2009-2012 de proveerle una mejor calidad de vida.
En su moción, los empleados aseguraron que las Salas de Emergencia, que no son otra cosa que Dispensarios dentro de las cárceles que administra el Departamento de Corrección y Rehabilitación, no tienen la capacidad para atender las necesidades continuas urgentes de la población penal. Confirmaron que aun cuando los servicios se prestaban cinco días a la semana, lamentablemente han fallecido confinados por negligencia, falta de medicamentos o atención médica responsable debido a la falta de personal médico, transportación y oficiales de custodia que los escoltaran.
Desde el año 2005, la CHSC administra los servicios médicos en las cárceles por mandato del juez federal Juan Pérez Giménez y mantiene un contrato con el DCR, y de hecho, cabe destacar que el propio juez solicitó a Carlos Molina a su llegada como Secretario de Corrección que no le cancelara el contrato, a pesar de que incumplen a diario con los servicios que deberían prestarle a los pacientes confinados de condiciones de salud crónicas, tales como: VIH, con sus medicamentos retrovirales y Hepatitis C, los diabéticos, hipertensos, asmáticos y cardiacos. Peor aun, se han disparado las cifras por intentos de suicidio y automutilación debido a la reducción de medicamentos y los días de terapias requeridas para mantenerlos estabilizados.
Se reafirmaron en que los pacientes confinados apenas se pueden atender en los llamados “sick calls” debido a la escases de personal, y en la actualidad los médicos se han visto obligados a documentar en los expedientes “No se pueden atender por alto volumen” y esa es la realidad en todas las instituciones penales del país. El juez y la prensa deberán exigir al DCR acceso a esta evidencia.
CRISIS DE MEDICAMENTOS
La pésimos e inexistentes servicios de salud ha continuado empeorando haciendo hincapié en las necesidades de los confinados psiquiátricos, adictos y geriátricos en los penales, al punto de que las farmacias de esta corporación que operan dentro de los penales alegan que despachan los medicamentos recetados, pero estos no llegan a los pacientes que tanto los necesitan para aliviar sus males físicos y mentales.
Las farmacias corporativas NO anuncian los medicamentos que han eliminado, agotado o no tienen para evitar perder tiempo reemplazando recetas y poder atender con prontitud los problemas físicos, dentales y de salud mental, provocando retrasos innecesarios, adversos y/o perjudiciales para la salud de los confinados que redundan en convenientes ahorros para los que están lucrándose del mal manejo de fondos o lo que muchos aseguran es corrupción de cuello blanco.
Contactos:
Juan Eliza, Presidente de la UGT (787) 751-5350
Julio Pizarro, Presidente de la ULEES (787) 763-8310
Adalberto Vega, Presidente CAT (787) 824-4429
Lcdo. Damián F. Planas Merced, Presidente de la Comisión de
Asuntos de Confinados en el Colegio de Abogados de Puerto Rico (787) 604-5830
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