No faltará quien entienda que mediante este proyecto, el gobierno pretende liberar presos a diestra y siniestra, sin tomar en cuenta su comportamiento en prisión y si esta realmente rehabilitado, pero se equivocan. También hay quienes se han creído la mentira repetida del pasado Secretario de Corrección, de que cada confinado en Puerto Rico cuesta $40 mil, cuando lo cierto es que MILES de confinados deberían estar en la libre comunidad mediante programas de desvío, pero no han podido porque durante los pasados seis años a Administración de Corrección ha violentado TODOS sus derechos y esto les ha costado miles de dólares en multas al erario público. El hacinamiento carcelario es inaceptable en un país de ley y orden, máxime cuando la mayoría de los confinados en nuestras cárceles han visto afectado su plan institucional debido a querellas radicadas en forma abusiva y arbitraria mediante un reglamento declarado inconstitucional, redactado con miras a provocar un ‘ataponamiento’ en máxima seguridad por la meta absurda de construir una SÚPER MÁXIMA.
Utilizaron a los confinados de ‘conejillos de India’, pero gracias a Dios pronto verán restituidos en sus expedientes las bonificaciones ganadas por estudios, trabajo y buena conducta que el dictador Miguel Pereira les hizo quitar de sus expedientes para poder alcanzar su plan maestro. Por suerte, no le dio tiempo… las elecciones llegaron y el voto de los puertorriqueños lo saco del poder. Ahora es cuestión de tiempo para conocer todos los actos de corrupción cometidos y las violaciones de derecho cometidas por instrucciones de este abogado con licencia, pero sin ética profesional alguna.
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17 de enero de 2009 (01:00 pm)
En momentos en que el país pasa por una crisis fiscal, es injusto que el gobierno tenga que invertir 23,000 dólares anuales en un recluso con pocas probabilidades de rehabilitación, opinó el sábado el senador Héctor Martínez. El presidente de la Comisión senatorial de Seguridad y Asuntos de la Judicatura anunció que se encamina a enmendar leyes que impiden que reclusos con buena conducta, tras cumplido el mínimo de su sentencia, pueda salir a la libre comunidad bajo supervisión electrónica, lo que redundaría en un ahorro de 23,000 dólares por cada uno.
"Voy a presentar unas enmiendas a la Ley de Supervisión Electrónica y a la de la Junta de Libertad Bajo Palabra para beneficiar mediante supervisión electrónica a confinados que cumplan con los requisitos. Yo sé que esto va a crear mucho revuelo, pero vamos a enmendar leyes que impiden eso", sentenció.
El senador dijo en entrevista con Católica Radio de Ponce que, al presente, el que es convicto por drogas, robo, violación o asesinato, no cualifica para supervisión electrónica. Sin embargo, aseguró que hay confinados bajo esa condición que han demostrado buen comportamiento y han cumplido el mínimo de sus sentencias.
"La supervisión electrónica es precisamente para casos extremos. Por lo tanto, nuestro objetivo es que, una vez consultadas las víctimas de estos convictos, puedan salir del penal con el consabido ahorro económico para el sistema", expresó Martínez.
"¿Por qué no flexibilizar estos programas? Están muy punitivos y no están de acuerdo con el mandato constitucional de una rehabilitación. A veces los legisladores presentan proyectos de ley para las gradas, para la opinión pública, y el sistema correccional y el estado están pagando las consecuencias de esas decisiones", sostuvo.
El nuevo secretario de Corrección y Rehabilitación, Carlos Molina no estuvo disponible para expresarse sobre la propuesta del senador Martínez.
El legislador novoprogresista indicó que se encamina a la promoción y creación de unos centros de "comunidades terapéuticas" en cada penal para atender el "serio problema" de los reclusos que son adictos a sustancias controladas.
Según el senador, el 80% de los reclusos en las cárceles del país tienen problemas con las drogas, y agregó que un 65% de los confinados que sale a la libre comunidad luego de cumplida su sentencia reincide en la comisión de delito.
"Lo que tenemos que buscar es echar a un lado las medidas punitivas y buscar la manera de que en las instituciones penales existan estos centros de comunidades terapéuticas para que le den las herramientas necesarias para cuando estas personas estén en la libre comunidad no recaigan en la comisión de delito", agregó.
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