El periodista que firma esta columna siempre ha sido muy objetivo y serio, pero lamentablemente en este escrito se equivocó completamente porque la Agencia, tal como la describe aquí, es una quimera que está muy lejos de haber sido una realidad.
Contrario a esto, la columna mas bien parece una de encargo que describe a un Miguel Pereira que nadie conoció como un defensor de los derechos. Nuevamente se repite la mentira de que cada confinado cuesta $40 mil dólares y se asegura que bajo su administración se iba a culminar el caso federal Morales Feliciano. Nada más lejos de la verdad porque el provocó un hacinamiento rampante, no proveyó una buena alimentación ni un adecuado servicio de salud, que son las tres razones por las cuales se radicó esta demanda en el Tribunal Federal hace casi 30 años.
ISMAEL TORRES, PERIODISTA
El sistema carcelario
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En Puerto Rico, el Gobierno maneja un complejo y frágil sistema carcelario con doce centros para adultos y cuatro para jóvenes, con una población penal que sobrepasa los 12,200 confinados. Cada uno de los presos le cuesta anualmente al erario unos $40,000.
Hace ya unos años que dejó de ser una noticia cotidiana la muerte de confinados en los penales del país. No obstante, en la actualidad, uno de los problemas más serios que confronta la administración carcelaria es la gran cantidad de confinados adictos.
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La fragilidad del sistema obliga a sus administradores a ser sabios y prudentes en el manejo de cada situación que se produce en las cárceles con el fin de poder rehabilitar a la población penal.
La tarea no ha sido fácil, según los informes recientes que detallan las gestiones que se realizan para obtener el control en las instituciones correccionales y juveniles, la integración del Departamento de Corrección y Rehabilitación y las demás agencias del sistema.
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La culminación entre diciembre de 2007 y finales del 2008 del caso Morales Feliciano, el readiestramiento del personal de esa agencia y la implantación de un ambicioso y vigoroso plan para ofrecer servicios y verdadera rehabilitación a la población penal y a los jóvenes transgresores ha sido el norte de la administración saliente del sistema carcelario.
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Se han hecho cosas que han sido la diferencia entre el caos y una buena convivencia en los penales, según el saliente secretario de esa agencia, Miguel Pereira: programas de empleo para los confinados y medicación para el consumo de sustancias controladas, para atender la adicción a heroína (único en jurisdicción americana que utiliza este tratamiento). Además, en el programa de empleo para los confinados han trabajado durante este cuatrienio que está por finalizar más de 20,000 confinados en empleos en las instituciones correccionales, empresas privadas y municipios.
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Hay mucha preocupación sobre la capacidad profesional de las nuevas personas nominadas para dirigir ese sistema y que vuelvan, como noticia cotidiana, las muertes en las cárceles, que el ambiente de drogadicción sea la orden del día y que, entre otras cosas, no podamos salir del caso Morales Feliciano.
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Si alguna agencia no puede ser operada politiqueramente es el Departamento de Corrección y Rehabilitación, cuya misión es estructurar, desarrollar y coordinar la política pública en torno al sistema carcelario para devolver regenerados tanto a adultos como a jóvenes a la libre comunidad.
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